Para algunos, estas expresiones pueden resultar contradictorias, y lograr el justo equilibrio no es una tarea fácil.

En los últimos años, la industria cibernética se ha vuelto cada vez más sofisticada, obligando a empresas, individuos y a las propias agencias del gobierno, a lidiar con la creciente variedad de amenazas por parte de atacantes y ladrones cibernéticos.

Un reciente estudio de PricewaterhouseCoopers, pone el gasto en seguridad cibernética de los Estados Unidos en unos 30 mil millones de dólares al año, con un crecimiento del 10 al 15 por ciento anual.

Por tradición, el sistema legal ha sido muy lento en responder. Sin embargo, tanto legisladores como las personas encargadas de hacer cumplir la ley en el gobierno federal y estatal han comenzado a oír las alarmas, y ya empiezan a verse las principales novedades en el régimen jurídico de la seguridad cibernética.

Muchas leyes contra fraudes, fueron escritas en la era pre-Internet, de hecho incluso antes de que las computadoras personales y el correo electrónico se hayan convertido en omnipresentes en todo lugar de trabajo.

Tanto el Presidente como el líder mayoritario del Senado, Harry Reid, han anunciado que consideran la seguridad cibernética como una prioridad legislativa. Esta es una de las pocas materias sobre las que pueda existir un acuerdo bipartidista.

A medida que nuestra vida comercial sea cada vez más dependiente de los dispositivos conectados a Internet, y su alcance se hace más generalizado, también lo son las vulnerabilidades que los delincuentes cibernéticos explotan. Más de dos millones de personas utilizan Internet, donde conviven cerca de 300 millones de sitios web. El número de dispositivos como ordenadores personales, teléfonos celulares, BlackBerries, y tablets, todos vinculados a Internet, está creciendo exponencialmente, junto a nuevas oportunidades para actividades maliciosas.

Estas preocupaciones han llevado también a un mayor sentido de urgencia sobre la protección de infraestructura crítica, tales como la red eléctrica y la propia Internet. Podemos esperar una mayor elaboración de estas capacidades en el año 2012, y empujar un mayor uso de ellos para ayudar a proteger las instituciones del sector privado.

Los bancos y las empresas de servicios de pago han sido blancos frecuentes a causa de su posesión de información personal de los financieros. Sin embargo, ningún sector ha sido inmune. Como muchas instituciones financieras han endurecido sus defensas, los ciberdelincuentes han puesto sus ojos cada vez más en otros sectores, como tiendas, hostelería, entretenimiento, cuidado de la salud, la educación y los medios de comunicación social.

En abril de 2011, por ejemplo, Sony reconoció una brecha en su red de PlayStation que dio lugar a la divulgación de los nombres de más de 100 millones de usuarios y otra información personal.

Las infracciones pueden resultar no sólo de intrusiones cibernéticas, sino también de la seguridad física inadecuada, lo que resulta en computadoras robadas o perdidas.

El robo cibernético de la propiedad intelectual, en particular de los individuos y organizaciones en China, Rusia y los antiguos países del Pacto de Varsovia, se ha disparado en miles de millones de dólares. Esto se ha convertido en un importante foco de preocupación no sólo en el sector privado sino también en la seguridad nacional.

Los criminales cibernéticos están ideando formas más sofisticadas de manipulación de los usuarios de computadoras para obtener beneficios ilícitos.

Podría inferirse que la famosa ley SOPA sería parte de estas políticas, pero la administración Obama emitió recientemente un comunicado diciendo que apoya una respuesta legislativa seria a los problemas de la piratería, pero no desea una legislación que reduce la libertad de expresión, aumenta el riesgo de seguridad cibernética o socava "la dinámica global de una Internet innovadora."

Si bien la declaración no mencionó el gran debate sobre la ley que busca detener la piratería en línea (SOPA) por sus siglas en inglés, tenía la clara intención de responder al fuerte debate generado alrededor de ella, tomando una postura intermedia. La Casa Blanca está tratando de forjar un delicado equilibrio entre los intereses de los grandes medios de comunicación (pensemos en Hollywood) y las empresas innovadoras que buscan que exista un acceso a la información de manera útil y progresista.